Además, es preciso reforzar los servicios de planificación familiar.
Tras supervisar 21 hospitales en Lima y Callao, en la primera quincena de abril, la Defensoría del Pueblo advirtió dificultades en la atención de la salud materna, tanto en los servicios a las gestantes como en la planificación familiar. Esta situación pone en especial vulnerabilidad a las mujeres en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que debe ser abordada de manera integral por los ministerios de Salud y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Entre los hallazgos, advertimos que, a la fecha de supervisión, no se contaba con un protocolo de atención específico para gestantes COVID-19, con lineamientos generales de atención independientemente del sistema al que pertenezca el hospital. Recién el 23 de abril y 01 de mayo, se publicaron las Directivas Sanitarias N°094 y N°97-2020-MINSA/DGIESP respectivamente que abordan este problema; sin embargo, aún quedan aspectos pendientes de ser regulados.
Por un lado, se constató que, durante el triaje, solo se derivaban gestantes con síntomas respiratorios para la prueba de despistaje de COVID-19, mas no cuando eran asintomáticas. Esto pone en riesgo la salud de la madre, del recién nacido, de las otras gestantes y del personal sanitario, pues existiría un alto nivel de contagio de presentarse un caso sin síntomas. Por ello, urge mejorar el servicio y señalar la obligatoriedad de las pruebas de detección con anterioridad a la atención.
Asimismo, urge una adecuada comunicación a las gestantes sobre el lugar donde realizarán los controles prenatales (centros de salud u hospitales), si no se genera incomodidad y se pone en riesgo la salud de la madre y del bebé por nacer. Esta medida debe ir seguida de la reorganización y desconcentración de la atención, cuya difusión también debe ser adecuada y acompañada por un sistema de referencias y traslados, de ser necesarios, con énfasis en las gestantes próximas al parto.
De otro lado, las restricciones a la libertad de tránsito impiden a las mujeres el acceso a los servicios de planificación familiar, y la entrega, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos. Esto las coloca en una situación vulnerable, por el riesgo de un embarazo no deseado o no planificado, además de posibles contagios de infecciones de transmisión sexual.
Ante esta situación, en adición a los ajustes ya señalados, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Salud determinar los hospitales especializados en maternidad, particularmente en regiones con alta incidencia de COVID-19, y establecer una estrategia de difusión sobre la forma en que se llevarán los controles prenatales. Estas acciones deben considerar la capacidad de los establecimientos y las directivas sanitarias N°94 y N°97-2020-MINSA/DGIESP.
Añadido a ello, se deben difundir los signos de alarma en la gestación para descongestionar los hospitales de mayor nivel de complejidad. Para esto, adicionalmente a las redes sociales ya utilizadas, se puede evaluar la coordinación con los medios de comunicación de radio y televisión para mayor difusión.
La Defensoría del Pueblo ha recomendado establecer mecanismos periódicos de monitoreo de las directivas sanitarias, de tal forma que se verifique su cumplimiento, difusión o necesidad de ajustes en relación a la atención de gestantes o a los servicios de planificación familiar.
