Más de 300 000 estudiantes no accedieron a educación remota durante este año.
Al conmemorarse hoy 32 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Universal de la Niñez, la Defensoría del Pueblo exige al Estado adoptar medidas urgentes y sostenidas para cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos a la educación y salud, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Actualmente, existen limitaciones para el retorno escolar que necesitan ser superadas a la brevedad. Esta situación contraviene el derecho de miles de niñas, niños y adolescentes a acceder a la educación y, por ende, agrava las brechas del sistema educativo que afectan, principalmente, a las poblaciones vulnerables. Esta situación ha provocado que, durante el 2021, 301 000 estudiantes de colegios públicos no accedan a la educación a distancia y 83 000 salieran del sistema escolar, según una supervisión a 179 unidades de gestión educativa local (UGEL).
Por tal motivo, es impostergable que, desde el Gobierno nacional se garantice la coordinación intersectorial e intergubernamental a fin de dar una respuesta uniforme y coherente que brinde a la niñez y adolescencia una atención integral y con respeto a su interés superior. Ello debe comprender, principalmente, el regreso a la educación presencial, la reinserción de miles de estudiantes que desertaron y la implementación de acciones que aseguren condiciones adecuadas para la reapertura de las escuelas.
Cabe precisar que la atención integral en el ámbito educativo supone, además, la eliminación oportuna de las barreras que se han profundizado en la emergencia sanitaria y han impactado, en mayor medida, en estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas. Para este propósito, corresponde al Ministerio de Educación adoptar medidas para garantizar el servicio educativo público y privado, considerando las particularidades de las/os alumnas/os. Asimismo, es indispensable que se provea de los recursos necesarios para agilizar la implementación de los servicios de apoyo educativo internos y externos, así como trazar la ruta de tránsito de la educación segregada a una educación efectivamente inclusiva.
Sumado a ello, es necesario considerar el aspecto socioemocional de la niñez y adolescencia, afectado en mayor medida por el encierro y la falta de interacción social, lo que requiere de acciones inmediatas mediante servicios disponibles de todos los sectores del Estado y desde la propia comunidad. Un estudio realizado en 2020 a cargo del Ministerio de Salud y Unicef señala que niñas, niños y adolescentes mostraron una alta carga de riesgo para la salud mental, afectando a más de un tercio de este sector.
Del mismo modo, los embarazos no planeados en adolescentes son un problema recurrente de salud pública, lo que afecta especialmente a aquellas que residen en zonas rurales, pertenecen a pueblos indígenas u originarios o se encuentran en situación de pobreza. Por ende, el Estado debe fortalecer la educación sexual integral con pertinencia cultural, según corresponda, y garantizar servicios disponibles que brinden acceso a métodos anticonceptivos y consejería oportuna en salud sexual y reproductiva. También, los embarazos producto de violación sexual son un problema que afecta, particularmente, a niñas y adolescentes, por lo que el Estado debe adoptar medidas urgentes para su protección y atención integral.
Por otro lado, si bien el proceso de vacunación contra el COVID-19 está ampliando su alcance a adolescentes sin comorbilidades, aún queda reforzar la noción sobre su autonomía progresiva e interés superior y, por lo tanto, el hecho de que pueden dar consentimiento sin condicionarlo a la presencia de sus progenitores u otra persona adulta. Considerar sus diferentes contextos de vida, situación migratoria y relaciones sociofamiliares es respetar su diversidad en momentos donde se requiere priorizar su vacunación universal como un asunto de salud pública; además, en los próximos meses se debe garantizar la vacunación de niños y niñas menores de 12 años.
Otro aspecto relevante es fortalecer el derecho a la participación de la niñez y adolescencia, pues este les permite expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afectan y que éstas sean tomadas en cuenta, conforme a su edad y madurez. Para ello, es importante su reconocimiento como sujeto de derechos, por parte del Estado, la familia y la comunidad y en los distintos espacios de toma de decisiones.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda a la comunidad en general que seguirá defendiendo y promoviendo los derechos de la niñez y adolescencia. También, que continuará supervisando el cumplimiento de las funciones de las autoridades competentes e incidiendo en políticas públicas que basen sus objetivos conforme a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
