Tres días después de la reunión con altas autoridades del Poder, Ejecutivo tres de las cinco familias aún desconocen el tipo de atención que se les brindará.
Urge reubicación: las niñas y niños de las 34 familias afectadas no pueden continuar viviendo en el lugar donde se contaminaron con metales pesados.
La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades del Ministerio de Salud informen de manera inmediata a los padres de tres familias, si sus hijas e hijos van a recibir atención médica especializada en el extranjero. Luego de la reunión del 2 de marzo en el Instituto de Salud del Niño, las familias están aún a la espera de que se les comunique si este tipo de atención es viable o no. Mientras tanto mantienen su medida de fuerza en el frontis de dicho ministerio.
En dicha reunión se logró avances significativos para las niñas de dos de las familias afectadas. Los médicos argentinos del Hospital Universitario Austral, a través de una teleconferencia consideraron viable que el tratamiento de las pequeñas pudiera continuar en Argentina, razón por la cual, serán transferidas en las siguientes semanas. Se espera, igualmente, que los diagnósticos individualizados de todos los afectados se puedan hacer en el corto plazo a fin de determinar el tipo de tratamiento que deberían recibir.
En relación a los compromisos vinculados a la entrega de viviendas, la Defensoría del Pueblo señala de manera categórica que de nada servirán los tratamientos que se les den a las niñas y niños si enseguida van a tener que retornar a la zona en la que estuvieron por años expuestos a la contaminación por metales pesados. Su reubicación es, por consiguiente, una medida urgente y un compromiso adquirido por el Estado y que aún no se cumple.
Cabe precisar que, este caso es un conflicto social reportado por la Defensoría del Pueblo desde julio de 2015. Desde entonces se han sucedido diversas medidas de protesta como marchas de sacrificio, movilizaciones, encadenamientos y huelgas de hambre. En el 2018 se suscribió un acta de acuerdos con el Poder Ejecutivo en la que se comprometían a atender la salud de las niñas y niños afectados, la reubicación de las 34 familias, y otros relacionados a educación y trabajo.
La Defensoría del Pueblo continuará supervisando este caso hasta que las niñas y niños contaminados por metales pesados sean adecuadamente atendidos.
