La Defensoría del Pueblo exige garantizar las condiciones mínimas en el juicio contra César Alva Mendoza, presunto agresor de la niña Jimena y, de esta forma, evitar que la nueva diligencia, programada para este 10 de octubre, se vuelva a frustrar, ocasionando nuevas postergaciones.
En
ese sentido, demandó al Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario tomar las
previsiones necesarias para el correcto desarrollo del proceso y lograr así que
el responsable reciba la sanción penal correspondiente.
El
viernes pasado, un equipo de la Oficina Defensorial de Lima Este participó de
la audiencia virtual contra Alva Mendoza, realizada en el Segundo Juzgado Penal
de San Juan de Lurigancho.
Sin
embargo, debido a que no se notificó al defensor público, la diligencia se
postergó. Esta no es la primera vez que el proceso sufre un retraso. Por ello,
en esta nueva audiencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe
velar para que el procesado cuente con un defensor público que lo asista.
Alva
Mendoza, actualmente recluido en el penal de Cochamarca, Pasco, enfrenta un
juicio por el secuestro, violación y asesinato de Jimena, una niña de 11 años
de edad, ocurridos en febrero, en San Juan de Lurigancho.
Recientemente,
el Segundo Juzgado Penal del distrito extendió el plazo de prisión preventiva
en su contra por nueve meses más.
En
la Defensoría del Pueblo, nos mantendremos vigilantes hasta que el responsable
del crimen reciba la debida sanción.
Defensoría
del Pueblo
