En un esfuerzo
por impedir la posible infiltración de dinero mal habido o de fuentes
prohibidas en las cuentas partidarias, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) propone eliminar, de manera definitiva, los aportes anónimos
a las organizaciones políticas en el país, en los casos de actividades de
financiamiento proselitista.
La propuesta
fue entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de que sea
consignada en el Anteproyecto de Código Electoral, cuerpo normativo, coherente
y sistemático que contiene toda la legislación electoral, con la finalidad de
contribuir con la realización de procesos electorales trasparentes, eficientes
y democráticos.
Según la Ley
de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de
Fondos Partidarios, los aportes anónimos están prohibidos salvo el caso de
actividades de financiamiento proselitista durante una campaña electoral y
siempre que no superen el tope máximo anual de 30 Unidades Impositivas
Tributarias (S/.121, 500).
Para el jefe
de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, no puede ni debe haber aportaciones anónimas
en las finanzas partidarias, a fin de evitar cualquier duda sobre el origen de
los fondos.
En este
sentido, la autoridad electoral resaltó la reciente recomendación de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para reducir o impedir los
aportes anónimos a los partidos políticos, en aras de la transparencia de la
financiación privada.
Castillo Meza
destacó, asimismo, la regulación que precisa medidas respecto a la
obligatoriedad de los candidatos de comunicar sus aportes/ingresos y gastos a
la Tesorería de su respectiva organización política.
Asimismo,
consideró importante aquella que establece la obligación de los medios de
comunicación informar a la ONPE los contratos de publicidad política suscritos
exclusivamente con el tesorero de la organización política.
Para el jefe
de la ONPE también resulta necesario dotar de capacidad coactiva al organismo
electoral para la cobranza de sanciones impuestas a las organizaciones
políticas y candidatos por las infracciones cometidas en materia de finanzas
partidarias.
