A casi un mes de la aprobación del Decreto de Urgencia n.° 9-2023, por medio del cual el Ejecutivo dispuso la transferencia de más de 24 millones de soles a favor de distintos municipios de Lima Metropolitana, Lima Provincias y del Callao para la atención de emergencias a causa de los fenómenos climáticos, la Defensoría del Pueblo pudo advertir que la mayoría de comunas aún no cumple con gestionar la ejecución del presupuesto que les fue transferido a cada una. Ello origina que gran parte de estos montos permanezcan intactos, pese a las advertencias de la posible llegada de un fenómeno El Niño costero para los próximos meses.
En el caso de las municipalidades de Lima, el monto total que fue transferido para un total de 29 comunas distritales fue de S/2 900 000. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a la necesidad de que se ejecuten obras inmediatas debido al escenario de riesgos por superávit de lluvias, la totalidad de ellas aún no cumple con certificar sus presupuestos, es decir, que no han asegurado la forma en que serán ejecutados, originando que actualmente se reporte un 0 % en el nivel de gasto. La misma situación se evidencia en el caso de 4 municipios distritales del Callao, a los que se asignó un total de S/400 000.
El listado de comunas limeñas que aún no cumplen con certificar sus presupuestos lo conforma la Municipalidad Metropolitana de Lima junto a los municipios distritales de Ancón, Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho y Lurín. Asimismo, las comunas de Pachacamac, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Santa Anita, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
En el caso del Callao, integran esta lista la Municipalidad Provincial del Callao y los municipios distritales de Carmen de la Legua Reynoso, Ventanilla y Mi Perú.
De otro lado, un total de 128 municipalidades de Lima Provincias fueron beneficiadas con la transferencia de más de 20 millones de soles; sin embargo, hasta el momento puede observarse que solo el 76 % de tales recursos ha sido incorporado a sus respectivos presupuestos y que únicamente el 1.7 % ha sido certificado, originando una ejecución de apenas el 0.6 % del monto total, pese a que muchas de estas localidades fueron afectadas por los desbordes y deslizamientos ocurridos entre marzo y abril último.
Como ejemplo de ello, se evidenció que municipios como Santa Rosa de Quives, Catahuasi y Tanta todavía no incorporan los montos transferidos a sus respectivos presupuestos. Asimismo, que en el caso de las municipalidades provinciales de Huaral, Oyón y Yauyos, además de las comunas distritales de Leoncio Prado, Santa Leonor, Colonia, Navan, Tomas y Viñac, tampoco cumplen con certificar sus presupuestos o lo han hecho en porcentajes mínimos. Esto último puede observarse en el caso de Atavillos Bajo, Huamantanga, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha, San Antonio, Checras, Huantan, Tauripampa y Huampara.
Ante esta situación, que resulta crítica debido a que no hace muchas semanas se han registrado lluvias intensas que provocaron huaicos y otros desastres, así como a la proximidad de El Niño costero, la Defensoría del Pueblo requirió la intervención inmediata de la Contraloría General de la República. Así lo hizo el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, quien solicitó a las gerencias regionales de control de Lima Metropolitana, Lima Provincias y del Callao priorizar acciones de control y sanción a las autoridades ediles que no cumplan con ejecutar a tiempo los recursos que han sido transferidos para atención de emergencias y del peligro inminente que incluyan la descolmatación de ríos u otras medidas que tengan como objetivo reducir el impacto de los eventos climatológicos.
Huerta informó también que la sede defensorial de Lima viene haciendo seguimiento a las acciones que adopte cada institución para reducir la gravedad de cualquier desastre. En ese sentido, precisó que las supervisiones continuarán para verificar que el presupuesto transferido sea ejecutado adecuadamente, en beneficio de la población más vulnerable.
