Los gobiernos locales son actores clave para una adecuada respuesta a los desafíos globales, como el cambio climático, la contaminación por plásticos y la contaminación del aire.
Según OEFA existen más de 1700 botaderos no autorizados a nivel nacional.
Al estar próximos al inicio de las nuevas gestiones ediles, la Defensoría del Pueblo solicita a las nuevas autoridades que ocuparán diversos cargos en las municipalidades provinciales y distritales priorizar las acciones que sean necesarias para garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras; que permitan hacer frente a desafíos globales, como el cambio climático, la contaminación por plásticos y la pérdida de la biodiversidad.
La institución recordó que, hasta junio último, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó más de 1700 basurales (botaderos) a nivel nacional, lugares no autorizados donde se arrojan los residuos sólidos sin ninguna medida, generando graves impactos en el ambiente, contaminando el aire, suelo y recursos hídricos. Esta práctica inadecuada, que genera la emisión de gases de efecto invernadero como el metano, se encuentra entre las principales causas del cambio climático y el calentamiento global.
“Es urgente superar las brechas en infraestructura autorizada para la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables. Hasta octubre de 2021, el país contaba apenas con 65 rellenos sanitarios y cinco celdas transitorias, lo que equivale al 19 % de los 344 rellenos sanitarios que se estimaba se requerían a abril de 2019”, señaló Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Vásquez señaló que las nuevas autoridades municipales deben realizar una adecuada planificación y garantizar la inversión necesaria para la gestión integral de los residuos sólidos, que priorice la reducción de la generación de los residuos y la valorización de aquellos que sea inevitable generar. Además, precisó que cuando esto no sea posible, los gobiernos locales se encuentran obligados a garantizar una disposición final segura y adecuada de los residuos en espacios autorizados.
Del mismo modo, para la Defensoría del Pueblo es prioritario que los municipios garanticen una continua y adecuada limpieza pública y recolección selectiva, que comprenda la implementación o ampliación de la cobertura de los programas para la valorización de los residuos aprovechables, además de promover acciones de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía. A la par, deben fortalecer su labor de supervisión y fiscalización para la adecuada implementación de las prohibiciones de entrega y comercialización de plásticos de un solo uso, descartables y tecnopor para alimentos y bebidas.
Otra problemática que requiere urgente atención es la contaminación del aire, que afecta el ambiente y pone en riesgo la salud de las personas. Así, por ejemplo, según el Reporte Mundial de Calidad del Aire 2021, Lima es la primera ciudad capital más contaminada de América Latina con una concentración promedio anual 6 veces mayor (31.5 ug/m3) a los niveles de material particulado recomendado por la Organización Mundial de la Salud (5 ug/m3).
Para revertir dicha situación, se requiere que los municipios implementen o fortalezcan el monitoreo de la calidad de aire, además de priorizar la fiscalización de los límites máximo permisibles de gases y partículas emitidos por los vehículos automotores, considerando que el parque automotor es una de las principales fuentes de contaminantes. Por lo tanto, se requiere promover el uso de medios de transporte sostenibles como las bicicletas, mediante la habilitación o construcción de ciclovías y el aseguramiento de la implementación de estacionamientos para las mismas.
Asimismo, destacamos la importancia de las áreas verdes y de los árboles en la mejora de la calidad del aire. Pese a ello, al 2018 solo 5 de los 43 distritos de Lima Metropolitana superaban los 9 metros cuadrados de área verde por habitante, estándar mínimo recomendado por la OMS. En tal sentido, se requiere que los municipios incrementen la extensión de las áreas verdes en sus jurisdicciones y que garanticen su mantenimiento, absteniéndose de aprobar medidas que impliquen su reducción.
La Defensoría del Pueblo supervisará la labor de las nuevas gestiones ediles, a fin de garantizar que estas se orienten a la protección y garantía del derecho de las personas a vivir en espacios saludables. Asimismo, se invoca a la ciudadanía a adoptar hábitos de consumo sostenibles que contribuyan a la reducción de la generación de residuos y al empleo de envases para alimentos y bebidas amigables con el ambiente.
