A pocos meses de culminar las actuales gestiones ediles, se constató acumulación de residuos sólidos domiciliarios y provenientes de actividades de la construcción en distritos de Lima.
Ante el próximo cambio de autoridades ediles, la Defensoría del Pueblo recomendó a los gobiernos locales garantizar la continuidad de los servicios de limpieza pública y recojo de residuos sólidos, a fin de proteger los derechos a un ambiente sano y equilibrado y a la salud de la población.
Tras un recorrido por los distritos de Cercado de Lima, La Victoria, San Martín de Porres y el Rímac, se detectó los ‘puntos críticos’ de acumulación de residuos sólidos en la vía pública y otros espacios públicos, que afectan el ambiente y ponen en riesgo la salud de la población.
En el caso del Rímac, se evidenció gran cantidad de residuos sólidos en la parte alta de la avenida Flor de Amancaes, entre las cuales se observó el abandono de vehículos quemados, llantas en desuso y costales con ladrillos rotos, entre otros residuos. Similar situación se apreció en otros puntos del distrito, lo cual causa un malestar permanente en los vecinos de las zonas afectadas.
En San Martín de Porres, en la zona norte de la capital, se observó un panorama similar a lo largo de la avenida Canta Callao y en la vía auxiliar de la cuadra 9 de la avenida Alfredo Mendiola (norte a sur), donde se verificó muebles, puertas, cajas, botellas y numerosas bolsas con residuos que se encuentran acumulados desde hace varios días, según señalaron los pobladores del lugar.
Así también sucede en la avenida Zarumilla (cerca de la zona conocida como el mercado de Caquetá). Otro ‘punto crítico’ se ubica a la altura de la cuadra 12 de la avenida Tomás Valle y en plena ciclovía, impidiendo el paso de peatones y ciclistas.
En el caso de Cercado de Lima, se constató la acumulación de residuos sólidos a lo largo de la ribera del río Rímac y en la avenida Morales Duarez. Por otro lado, en La Victoria, se incrementa considerablemente la acumulación de residuos en los alrededores de los mercados de abastos.
Ante estos hallazgos, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, recordó a las y los alcaldes su obligación de garantizar de manera continua un adecuado manejo de los residuos sólidos domiciliarios, lo cual comprende la realización de acciones educativas para reducir su generación; garantizar las condiciones para una adecuada segregación en la fuente de los residuos aprovechables, y en el caso de los no aprovechables, su recolección, transporte y disposición final en infraestructuras autorizadas; pero además de ello, demandó prever escenarios de contingencia frente a los cambios de gestiones ediles.
Asimismo, en el caso de los residuos provenientes de las actividades de construcción no incluidas en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el representante de la Defensoría del Pueblo resaltó la labor de fiscalización y, de ser el caso, sanción, que las municipalidades tienen respecto a los generadores de este tipo de residuos, a fin de evitar su inadecuada disposición final en sitios no autorizados.
Finalmente, Huerta precisó la necesidad de que los municipios implementen medidas de sensibilización e información dirigida a la población, a fin de crear una cultura de compromiso ambiental en el manejo de los residuos sólidos con un enfoque de economía circular y de respeto a los horarios establecidos para la recolección de residuos sólidos.
DP
