La Comisión de Justicia y Derechos Humanos archivó, por mayoría, la propuesta de ley que planteaba imponer la cadena perpetua para aquellos malos funcionarios públicos que incurran en delitos contra la administración pública. El argumento que primó para desestimar esa proposición fue que se trataba de una medida desmedida y fuera de la realidad.
La autora de la propuesta de ley, congresista Noelia Herrera Medina (RP), anunció que volverá a presentar la misma proposición legal, porque el objetivo es acabar con la corrupción pública.
La presidenta de la comisión dictaminadora, congresista Gladys Echaíz (APP), explicó el dictamen negativo a esa propuesta de ley, y puso como ejemplo el caso de las mujeres emprendedoras de las ollas comunes «quienes, por extensión, son funcionarios públicos porque están recogiendo bienes con la finalidad de darlos a la población».
«Todas las señoras que trabajan para una olla común podrían ser consideradas como parte de una organización criminal y si volvieran a incurrir en un delito de la misma naturaleza entonces sí les correspondería la cadena perpetua», explicó.
Luego, la congresista Echaíz preguntó: «¿cómo puede sancionarse (con la cadena perpetua) a un funcionario público que está inhabilitado porque ha cometido un delito y, por tanto, no puede reincidir?
La congresista María Cordero Jon Tay (FP) reflexionó sobre el trabajo legislativo en materia penal y subrayó que no se está cumpliendo con el objetivo de la resocialización. Los congresistas Alex Paredes (PL) y Alejandro Muñante (RP) coincidieron en afirmar que la población pide penas duras contra los corruptos.
Antes de este pronunciamiento parlamentario se presentó la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, pero fue por breves momentos porque tenía que asistir a la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Ante esta situación, la presidenta de la comisión informó que la ministra nuevamente será convocada pero aseveró que las interrogantes de los congresistas -respecto a sus declaraciones con relación al aborto- sean respondidas por escrito.
Luego, se dio inicio a varias intervenciones como la del congresista Alejandro Muñante (RP) quien criticó lo dicho por la ministra Miloslavich porque contraviene la Constitución Política, mientras que su colega María Jaúregui Martínez de Aguayo (RP) recordó que el aborto está penado.
Por su lado, la congresista Mery Infantes Castañeda (FP), de profesión obstetra, exhortó la defensa de la vida, y su colega José María Balcázar Zelada (PL), pidió «no escandalizarse frente al tema porque quienes son penalizadas son mayormente las mujeres de escasos recursos».
La legisladora Ruth Luque Ibarra (CD) defendió sus propuestas presentadas a la comisión y pidió saber qué está haciendo el Ministerio de la Mujer a favor de las niñas, niños y adolescentes que son violados en su intimidad. «El aborto es un asunto de salud pública y debe ser tratado por las diferentes instancias de la misma competencia», dijo.
En la comisión participaron la magíster en Derecho Procesal, Silvia María Ariano Deho y la doctora en Derecho, Karla Patricia Maribel Vilela Carbajal, quienes opinaron acerca del PL 154/2021. El juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, opinó acerca del PL 930/2021-PJ, que plantea modificar el recurso de casación.
