La denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, presentada por el vocero de Fuerza Popular, es una medida torpe y revela la intencionalidad de intimidar la labor del Ministerio Público en las investigaciones por el caso Lava Jato, opinó el exfiscal Avelino Guillén.
“Es una acción torpe de parte del fujimorismo cuya intención es amedrentar, intimidar al Ministerio Público, razón por la que lleva adelante investigaciones complejas por el delito de lavado de activos”, expresó.
Consideró como un despropósito acusar al fiscal Sánchez por omisión de funciones, al no incluir en las investigaciones a las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht, cuando las pesquisas aún se encuentran en curso.
Además, remarcó que la estrategia que emplea la Fiscalía para desarrollar las investigaciones es una prerrogativa exclusiva del órgano jurisdiccional amparado en la Constitución.
“Y ningún poder del Estado puede interferir es sus decisiones”, expresó.
En su opinión, el legislador Daniel Salaverry debe retirar la denuncia por respeto al estado de derecho y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería declararla inadmisible por carecer de sustento legal.
“A todas luces, la denuncia carece de sustento legal, no tiene ni pies ni cabeza, e insisto, se está poniendo en evidencia que no hay un respeto a la autonomía e independencia de un órgano constitucional como el Ministerio Público”, agregó .
Guillén dijo que la amenaza al sistema fiscal es evidente por parte del fujimorismo, porque se pretende la destitución e inhabilitación del fiscal, “lo cual es inviable porque no existe una falta delictiva, por lo tanto, no hay una fórmula legal para que prospere esta denuncia”.
