Tras un informe de la
Defensoría del Pueblo se pudo constatar la grave situación de las niñas y
adolescentes indígenas al no recibir una adecuada protección del Estado
respecto de sus derechos a la educación, salud e integridad. En este informe se
evidencia las múltiples formas de exclusión y discriminación que las coloca en
una situación de mayor vulnerabilidad y desigualdad.
Una de las
causas es la inexistencia de instituciones educativas de nivel secundaria en
zonas rurales, pues sólo 2 de cada 10 comunidades nativas y 4 de cada 10
comunidades campesinas, cuentan con este servicio. Por esta razón, las niñas y
adolescentes afrontan muchas dificultades para lograr su asistencia,
permanencia y culminación de la etapa escolar, debido a que los traslados son
costosos e inseguros para las poblaciones indígenas que viven en zonas
alejadas.
Frente a esta
realidad, el Estado no brinda la protección adecuada a los estudiantes mediante
la implementación y gestión de residencias estudiantiles u otras formas de
servicio. La carencia de alimentos, abrigo, servicios higiénicos, medios de
transporte y seguridad, entre otros, propicia que tan sólo el 27% de las
mujeres indígenas de 15 años a más alcance el nivel secundario en zonas
rurales.
Por otro
lado, las adolescentes embarazadas sufren diversos impedimentos para la
permanencia y culminación de su educación y este problema tampoco recibe una
intervención adecuada del Estado. Al respecto, la Defensoría ha verificado que
existen autoridades y profesionales de educación y salud que no cumplen con
brindar educación sexual integral con un enfoque intercultural. Por ello, las
adolescentes no reciben información adecuada y acceso a métodos anticonceptivos
modernos u otros servicios de salud sexual y reproductiva.
Otro de los
graves problemas identificados es que el sistema administrativo de sanciones
del sector educación no es efectivo para prevenir la violencia sexual contra
niñas y adolescentes indígenas. Esto se agrava debido a una serie de barreras
que impiden a las estudiantes y sus familiares a presentar denuncias y a las
carencias de protección de sus propias comunidades.
Los lugares
visitados fueron los distritos de El Cenepa (Amazonas), Urarinas (Loreto), Río
Tambo (Junín), Huayrapata (Puno), Tupe (Lima) y Paucará (Huancavelica) y se
entrevistó a miembros de los siguientes pueblos indígenas: Awajun, Urarina,
Asháninka, Jaqaru, Quechua y Aimara.
Estos y otros hallazgos están contenidos en un reciente Informe
de Adjuntía
N° 002-2017-DP-AMASPPI-PPI emitido
por la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de las niñas y
adolescentes indígenas.
