El contralor general de la República, Edgar Alarcón, afirmó hoy que el informe de auditoría de la adenda suscrita para la construcción del aeropuerto de Chinchero, encontró responsabilidad penal en funcionarios, pero precisó que esta no alcanza a los ministros de los sectores involucrados.
En conferencia de prensa, precisó que iniciarán una acción ante el Ministerio Público en contra de seis funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dos del Ministerio de Economía y Finanzas y dos del Organismo Supervisión de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
“No hay ningún titular (de portafolio) involucrado en el informe, son funcionarios vinculados directamente con la gestión administrativa y la decisión de firmar la adenda”, manifestó.
Asimismo, refirió que la Contraloría no recomienda temas de gestión, como la posibilidad de que el Estado no resuelva el contrato, sino que el informe permitirá “estar en mejor posición al momento de dicha resolución”.
En cuanto a la renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, precisó que “esto se trata de un tema político y de gestión del Gobierno”.
Recordó que el viernes pasado tuvieron una reunión con el entonces ministro Vizcarra, así como con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, para hacer algunas precisiones sobre el informe de auditoría.
Amenazas
Respecto a las amenazas en su contra, conocidas antes de dar a conocer el informe sobre el aeropuerto de Chinchero, precisó que su denuncia está siendo investigada por la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Nosotros en la Contraloría recibimos amenazas contra todos los auditores, pero nuestra preocupación principal es nuestra familia, porque esperamos cautelar su seguridad y asegurar la parte física”, refirió.
