1. Copia fotostática del grado académico de bachiller autenticado por el fedatario de la universidad.
2. Constancia de egresado de la escuela profesional correspondiente, expedida por el decano, en original o copia autenticada por el fedatario de la universidad, según formato aprobado por el Consejo Universitario.
3. Recibo de pago, emitido por la oficina de tesorería, por derecho de asesoría académica para obtención de grado académico de bachiller.
4. Copia legalizada del DNI.
Estos requisitos ya han sido eliminados gracias a la acción de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), que junto a la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB), promueven la simplificación administrativa en la tramitación de los procedimientos para la obtención de los grados de bachiller o título profesional.
Al respecto, las universidades deben cumplir con lo establecido en la normativa vigente como el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley n.°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), ya que la información solicitada la posee la propia casa de estudios y se trataría de documentación expedida por ella misma. Asimismo, las entidades de la administración pública están prohibidas de solicitar la presentación de la constancia de pago realizado ante ellas mismas por algún trámite.
“¡Me ha pasado!”
El Indecopi ha lanzado la campaña de contenidos digitales “¡Me ha pasado!”, a través de la cual difunde videopodcast que recrean situaciones cotidianas para que la ciudadanía, especialmente la población que se vuelve económicamente activa, conozca cuáles son las competencias de la institución y qué servicios ofrece a la ciudadanía.
Precisamente, su primer videopodcast es “Cómo identificar barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad”: https://youtu.be/Hynm_o9zDIQ
Glosario
Barrera burocrática: Es toda exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, o que puedan afectar a la ciudadanía en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa.
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