Ante los hechos conocidos en los
medios de comunicación sobre la supuesta participación de miembros de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que habrían abastecido de armas
a bandas criminales y entrenado a sicarios, el defensor del Pueblo, Walter
Gutiérrez, expresó su preocupación y exigió que el Estado, en su condición de
garante de la seguridad ciudadana, informe sobre los mecanismos de prevención y
control para evitarlos.
Si bien es un avance destacable la
desarticulación de estas organizaciones delictivas, el hecho que vengan
operando por largos periodos de tiempo, constituye una grave afectación al
deber estatal de garantizar los derechos humanos, obligación impuesta por la
Constitución y los Tratados internacionales en la materia
“Es importante tener en cuenta que el
artículo 44° de la Constitución consagra que es deber primordial del Estado:
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población
de las amenazas contra su seguridad, dicho esto valdría la pena analizar si se
viene cumpliendo con los mecanismos de control en salvaguarda de la
ciudadanía”, señaló el Defensor del Pueblo.
Indicó también, en lo que respecta a
la venta ilegal de armas de guerra y entrenamiento a sicarios en la que habrían
participado miembros de las FF.AA. y PNP, según lo expuesto por el propio
Ministerio del Interior a través de los medios de comunicación, es primordial
conocer los mecanismos de prevención que ha adoptado el Estado peruano a
efectos de impedir que hechos como estos se produzcan.
“Además de los eventuales procesos
penales que se emprenderán en contra de los supuestos autores de estos
repudiables y repetitivos actos, habría que analizar si es pertinente incluir a
los ministerios de Defensa y/o Interior como “Tercero Civilmente Responsable”,
dada la posición de garante que tiene con respecto a los bienes jurídicos
vulnerados y a que evidentemente, los órganos de control, como las oficinas de
Inspectoría, no estarían cumpliendo su trabajo”, indicó Gutiérrez.
Mencionó también, que corresponde al
Estado la adopción de medidas inmediatas que garanticen que sucesos de similar
naturaleza no vuelvan a acontecer. “Se hace necesaria una reforma total de los
mecanismos y protocolos de seguridad que regulan el uso y almacenamiento de las
armas institucionales, en el mismo sentido corresponde fortalecer los servicios
de contrainteligencia y de inspectoría”.
