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El 61% de instituciones educativas no publicó los criterios de ingreso.
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El 52% de escuelas requiere de rampas para el acceso de personas con
discapacidad, y el 75% no tienen servicios higiénicos adaptados.
La Defensoría del
Pueblo supervisó 330 instituciones educativas (IE) públicas, de nivel primaria,
en la que se detectó algunos problemas existentes en el proceso de matrícula
2017 y en la infraestructura escolar.
Esta supervisión
permitió constatar situaciones que restringen el derecho de acceso a la
educación. El 61% de las instituciones educativas no cumple con publicar los
criterios de ingreso y el 12% requiere la presentación de documentos para
formalizar la matrícula no contemplados en las normas, como constancia del SIS
o EsSalud, partida de bautizo, informes médicos y/o sicológicos o poder
notarial.
Se pudo evidenciar
también, que el 38% de las IE realiza cobros por útiles y material educativo,
gastos administrativos, y pago de profesores; vulnerando la Constitución
Política que establece que la educación básica y pública es gratuita.
Con relación a la
infraestructura escolar, el 52% requieren rampas, principalmente en el acceso
al local escolar, a las aulas y a los servicios higiénicos. Adicionalmente, se
tiene que el 75% no cuentan con servicios higiénicos adaptados para el uso de
personas con discapacidad.
Asimismo, sólo dos
instituciones educativas, ubicadas en la ciudad de Lima, indicaron haber
recibido los recursos para la ejecución del “Programa anual de mantenimiento de
infraestructura y mobiliario escolar del año 2017”.
En cuanto a los
servicios básicos, el 32% no tiene servicio de telefonía operativo, y un 26%
sufrió el corte, por falta de pago, de algún servicio como agua, electricidad e
internet.
Otra irregularidad
a destacar es que el 41% de los locales escolares supervisados no cuenta con
una inspección técnica de seguridad en edificaciones.
La Defensoría del
Pueblo remitirá al Ministerio de Educación un informe con los resultados de la
supervisión, que contiene las recomendaciones a implementarse para garantizar
que en los procesos de matrícula escolar no existan restricciones al acceso a
la educación, así como para mejorar los problemas advertidos en la
infraestructura.
