Tras 17 días del desastre ambiental, en Chancay, más de 500 pescadores subsisten mediante ollas comunes, ante ayuda insuficiente por parte de empresa e instituciones del Estado.
Al haberse cumplido más de dos semanas del derrame de petróleo ocurrido en las costas del mar de Ventanilla, cuyos efectos se prolongan actualmente hasta diversas playas de Chancay, al norte de Lima, la Defensoría del Pueblo demandó a la empresa Repsol culminar con la identificación de la totalidad de las personas afectadas directa e indirectamente, y ejecutar acciones para su inmediata atención y compensación por los daños generados.
Asimismo, exhortó a los ministerios de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, y de Desarrollo e Inclusión Social a destinar con urgencia la ayuda humanitaria que requieren las personas que aún no han sido atendidas, sin perjuicio de las acciones que correspondan a la empresa.
De acuerdo a información recogida por la Defensoría del Pueblo, hasta el momento solo se conocen algunas eventuales y aisladas iniciativas, con serias deficiencias en cuanto a su efectividad para atender a toda la población afectada. Ello pudo ser corroborado en una reciente supervisión a la playa Puerto de Chancay, donde pudo comprobarse que más de medio millar de pescadores artesanales subsisten mediante ollas comunes.
Al respecto, la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, precisó que la empresa Repsol se encuentra obligada a brindar, de manera continua, oportuna y adecuada, la asistencia humanitaria a todas las personas que resultaron afectadas por los derrames de petróleo ocurridos tanto el 15 como el 26 de enero, además de compensarlas por los daños y perjuicios ocasionados.
La representante de la Defensoría de Pueblo precisó que ambos derrames no solo han provocado un desastre ambiental, también impactaron en la economía de las familias que dependen de las actividades de subsistencia como la pesca artesanal, la acuicultura, el comercio interno y el turismo, debido al cierre de las playas afectadas y la suspensión temporal de la pesca y de las áreas de producción de moluscos.
En ese sentido, indicó que la empresa Repsol tiene la obligación de atender los impactos derivados de sus operaciones, productos o servicios sobre los derechos de las personas, mientras que el Estado tiene el deber de vigilar el cumplimiento de dicha obligación, a fin de proteger los derechos de las personas que hayan resultado afectadas. “La demora o inacción de la empresa, no eximen al Estado de sus responsabilidades ni de su obligación por cautelar por los derechos y atención de las personas afectadas. Esta tarea es impostergable”, señaló Vásquez.
Finalmente, explicó que estas acciones deben ir acompañadas de un reporte diario sobre el avance en la identificación de personas afectadas, la ayuda humanitaria entregada e información sobre el procedimiento para que la población pueda empadronarse. Además, informó que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando la labor del Estado en la identificación de los daños y personas afectadas, así como las medidas dispuestas frente a los impactos generados en el ambiente y a los derechos de las personas, producto de los derrames de petróleo ocurridos en el mar peruano.
